El 8 de noviembre, se dio a conocer que el nuevo enfoque establece que los funcionarios públicos contratados solo podrán invocar este derecho después de cinco años de servicio.

Este jueves, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y diversas organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público, realizan un paro nacional de labores en defensa del empleo público y la estabilidad laboral.

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Esta movilización surge como respuesta al reciente cambio de criterio implementado por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, respecto al principio de «confianza legítima».

El 8 de noviembre, se dio a conocer que el nuevo enfoque establece que los funcionarios públicos contratados solo podrán invocar este derecho después de cinco años de servicio. Anteriormente, aquellos con más de dos años contaban con una garantía implícita de renovación de su contrato, lo que les otorgaba una mayor seguridad laboral.

Este cambio ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre miles de trabajadores del sector público, quienes temen ser desvinculados sin justificación adecuada.

La ANEF ha manifestado su firme rechazo a esta modificación, señalando que pone en riesgo la estabilidad laboral de numerosos funcionarios. En palabras del presidente de la ANEF, José Pérez, “es un imperativo ético para esta dirigencia sindical desplegar las acciones necesarias para revertir esta situación”.

La organización también ha instado al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos en relación al fortalecimiento institucional, enfatizando que esto no solo implica mejoras laborales, sino también un perfeccionamiento en el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Entre las demandas planteadas por la ANEF se encuentran la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales para el sector público, la legislación sobre teletrabajo en el Estado y un reajuste salarial real y digno con un piso mínimo del 3% sobre el IPC acumulado anual. Estas reivindicaciones son parte fundamental de una agenda laboral que busca garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores del sector público.

La jornada comenzó a las 8:30 horas frente a la Contraloría, donde se llevó a cabo una manifestación encabezada por José Pérez. Posteriormente, a las 11:00 horas, se inició una marcha por la Alameda, donde David Acuña, presidente de la CUT, ofrecerá un punto de prensa para detallar los principales puntos de las movilizaciones que se desarrollan en 15 ciudades del país. El recorrido culminará en Los Héroes con un discurso central que abordará las demandas y necesidades urgentes del sector público.

El principio de confianza legítima es fundamental para asegurar la seguridad en el empleo público, ya que permite a los trabajadores planificar su futuro y desarrollar su carrera profesional sin el temor constante de ser despedidos sin causa.

Este principio establece que los funcionarios públicos y empleados estatales tienen derecho a confiar en que sus condiciones laborales, una vez establecidas, serán respetadas por la administración pública. Está «confianza» evita las situaciones de despidos masivos y arbitrarios

.En muchos países, este principio está respaldado por normativas legales y reglamentarias que buscan proteger los derechos de los empleados públicos y garantizar un trato justo por parte de la administración.

Esta paralización es un llamado claro a defender los derechos laborales y asegurar condiciones dignas para todos los trabajadores chilenos. En tiempos donde el empleo público enfrenta desafíos significativos, es fundamental unir fuerzas para construir un futuro más justo e igualitario.

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